Investigan red de extorsión del clan Caro dentro de centros penitenciarios
Una investigación revela un esquema de amenazas y extorsiones sistemáticas operado por el clan Caro contra internos procesados por narcotráfico.

La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación profunda tras destaparse una red de extorsión que opera desde el interior de centros penitenciarios, presuntamente liderada por integrantes del clan Caro. El caso salió a la luz pública después de que un procesado por delitos contra la salud denunciara amenazas constantes que ponían en riesgo su integridad física dentro del penal, solicitando auxilio urgente a las autoridades federales para garantizar su seguridad.
Los detalles del expediente señalan que los internos vinculados a este grupo delictivo ejercían presión psicológica y física sobre otros reclusos para obtener pagos económicos bajo la amenaza de represalias violentas. Esta estructura de control, que operaba con aparentes facilidades dentro del recinto, ha puesto en entredicho los protocolos de vigilancia y seguridad que implementa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los centros de readaptación social bajo su jurisdicción.
La investigación actual busca desarticular la red de complicidades que permitió que este grupo mantuviera el control de áreas estratégicas de la prisión durante meses. Las autoridades federales han reforzado las medidas de inspección y han procedido al traslado de varios internos hacia penales de máxima seguridad, con el objetivo de romper la cadena de mando que el clan Caro pretendía consolidar tras los muros del centro penitenciario.
Este suceso se suma a la creciente preocupación por la gobernabilidad en los sistemas carcelarios del país, donde la infiltración de grupos delictivos organizados continúa siendo un desafío crítico para la seguridad nacional. Especialistas en el sistema penitenciario subrayan la urgencia de implementar auditorías constantes y mejorar la capacitación del personal de custodia, elementos fundamentales para evitar que los penales funcionen como centros de operaciones para actividades criminales externas.
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