Habitantes del medio rural mexicano piden proteger tierras agrícolas de fotovoltaicas

Un reciente estudio académico elaborado por especialistas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha puesto de relieve la creciente preocupación en las zonas rurales ante la expansión desmedida de proyectos de energía solar. La investigación, que analiza la percepción social en entornos agrarios, señala que el 92% de los consultados exige establecer límites estrictos para evitar que las instalaciones fotovoltaicas ocupen tierras destinadas al cultivo de alimentos. Este fenómeno, observado tanto en España como en diversas regiones de México, refleja una tensión creciente entre la transición energética y la soberanía alimentaria local.

El análisis detalla que la instalación de grandes extensiones de paneles solares sobre suelos agrícolas de alta calidad genera un impacto directo en la economía de las comunidades. Los residentes de las áreas afectadas expresan que el cambio en el uso de suelo compromete la continuidad de las actividades primarias, como la agricultura y la ganadería, que son el sustento de miles de familias. Además, alertan que la pérdida de tierras fértiles no puede ser compensada exclusivamente por el desarrollo de infraestructura energética, especialmente cuando esta última suele beneficiar a grandes empresas y no a los productores locales.

Ante este panorama, diversos sectores del campo mexicano han comenzado a solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Energía (SENER) una revisión profunda de los criterios de ordenamiento territorial. La propuesta central de las organizaciones campesinas es que los proyectos fotovoltaicos se ubiquen prioritariamente en zonas degradadas, terrenos no aptos para el cultivo o espacios industriales, respetando siempre la vocación original de la tierra agrícola para garantizar la producción nacional.

El estudio de la UPM subraya que el rechazo no es hacia las energías renovables en sí mismas, sino hacia la falta de planificación estratégica que prioriza el rendimiento financiero sobre el equilibrio ecológico y social. Los autores del documento sugieren que el desarrollo de parques solares debe ser consensuado con las autoridades municipales y los ejidatarios, asegurando que los proyectos integren modelos de agrivoltaica donde la producción de energía y el cultivo puedan coexistir sin sacrificar la seguridad alimentaria de la región.