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Política

Exigen análisis individualizado en solicitudes de asilo ante entrada irregular

Expertos en derecho subrayan que las peticiones de asilo deben evaluarse caso por caso, rechazando las denegaciones masivas automáticas.

Redacción El Debate Abierto
Foto: moncloa.com

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un posicionamiento conjunto advirtiendo que la entrada irregular al territorio no constituye un motivo legal suficiente para denegar de forma masiva las solicitudes de asilo. Según los especialistas, las autoridades migratorias tienen la obligación ineludible de realizar un examen individualizado de cada petición, garantizando el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales vigentes.

El análisis de los juristas destaca que la normativa actual exige que cada persona tenga la oportunidad de exponer su situación particular ante las autoridades competentes. La práctica de desestimar solicitudes de manera colectiva, sin considerar los motivos específicos de persecución o riesgo que argumente el solicitante, contraviene los principios fundamentales de protección internacional y el debido proceso administrativo.

En este contexto, las asociaciones judiciales mexicanas observan con atención cómo otros sistemas jurídicos abordan la crisis migratoria, subrayando la importancia de que el Poder Judicial actúe como contrapeso frente a políticas de control fronterizo que puedan vulnerar garantías individuales. La postura de la APM y el FJI pone de relieve que, independientemente de la forma de ingreso al país, el derecho a buscar refugio es una protección que requiere una evaluación técnica, imparcial y detallada.

Finalmente, los expertos señalaron que cualquier política migratoria debe armonizarse con los estándares constitucionales. Mientras el país enfrenta retos constantes en sus fronteras, el llamado de los magistrados busca asegurar que las instituciones de seguridad y migración prioricen el rigor jurídico sobre las medidas expeditas que, a menudo, resultan en violaciones a los derechos de las personas en situación de movilidad.

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