Aragón retira apoyo económico a menores extranjeros bajo tutela estatal

El gobierno del estado de Aragón, encabezado por las políticas impulsadas por el partido Vox, ha oficializado el retiro de la paga semanal destinada a los menores extranjeros que se encuentran bajo la tutela del sistema estatal. Esta medida, justificada por las autoridades locales bajo el concepto de prioridad nacional, busca modificar los criterios de asistencia social que se habían aplicado anteriormente a los jóvenes migrantes sin acompañamiento en la entidad.

La decisión ha provocado una respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Juventud, que ha señalado que esta acción podría constituir un acto de discriminación institucional. Según fuentes de la dependencia, la supresión de estos recursos básicos afecta directamente la integración social y el desarrollo cotidiano de los menores, contraviniendo normativas de protección a la infancia que deben prevalecer independientemente de la condición migratoria.

Desde la administración regional se sostiene que la medida responde a una reorientación del presupuesto público, priorizando los recursos hacia programas que, según sus lineamientos, deben favorecer a los ciudadanos nacionales. Los defensores de esta política argumentan que el ajuste es necesario para garantizar la sostenibilidad de las arcas públicas en el estado, aunque las organizaciones civiles han advertido que se trata de una medida regresiva en materia de derechos humanos.

La Secretaría de Juventud ha solicitado una revisión urgente de la normativa estatal para asegurar que el interés superior del menor sea respetado, tal como lo dictan los tratados internacionales vigentes. En las próximas semanas se espera que el caso sea debatido en las instancias judiciales locales, donde se analizará si la retirada de este apoyo contraviene el marco constitucional sobre la igualdad de trato y la no discriminación.

Este conflicto pone de manifiesto la creciente tensión política respecto a la gestión de los flujos migratorios y el papel de las instituciones gubernamentales en la atención a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Mientras el proceso legal sigue su curso, los menores afectados permanecen en los centros de acogida a la espera de que se defina la continuidad de sus condiciones de estancia y sustento.