Almacenamiento de energía en Latinoamérica crecerá 13 veces hacia 2035
La capacidad de almacenamiento energético en la región alcanzará los 34 GW para 2035, impulsada por la necesidad de integrar energías renovables y optimizar la infraestructura eléctrica.

La capacidad de almacenamiento de energía en Latinoamérica experimentará un crecimiento acelerado en la próxima década, multiplicándose por 13,6 hasta alcanzar los 34 gigavatios (GW) para el año 2035. De acuerdo con proyecciones recientes de la consultora Wood Mackenzie, este incremento responde directamente a la creciente necesidad de gestionar la intermitencia de las fuentes renovables y aliviar la congestión en las redes de transmisión eléctrica de diversos países de la región, incluido México.
El despliegue de estas tecnologías se perfila como una solución estratégica frente a los recortes de generación renovable que ocurren cuando la red no tiene la capacidad de absorber toda la electricidad producida en momentos de alta generación solar o eólica. Al implementar sistemas de baterías a gran escala, los operadores del sistema eléctrico podrán almacenar el excedente durante las horas de baja demanda y distribuirlo en los periodos de mayor consumo, estabilizando el suministro y evitando desperdicios operativos.
Para el sector energético nacional, esta tendencia subraya el papel fundamental que jugará la modernización de la infraestructura bajo la supervisión de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La integración de estas tecnologías permite no solo una mayor eficiencia operativa, sino también una mejor integración de los proyectos de generación limpia que buscan conectarse al Sistema Eléctrico Nacional, un desafío constante para el crecimiento industrial del país.
El reporte destaca que la adopción de almacenamiento permitirá una transición más resiliente para los sistemas eléctricos latinoamericanos. A medida que la capacidad instalada aumente, los costos asociados a la tecnología de baterías continuarán su tendencia a la baja, facilitando su adopción comercial tanto para proyectos públicos como privados, siempre bajo el marco regulatorio vigente que busca garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico nacional.
Finalmente, el cumplimiento de estas metas hacia 2035 dependerá de la capacidad de los gobiernos para diseñar políticas públicas que incentiven la inversión en infraestructura de red y almacenamiento. La colaboración entre el sector público y privado será determinante para superar los cuellos de botella actuales, permitiendo que la red eléctrica sea lo suficientemente flexible para acomodar una matriz energética cada vez más diversa y descentralizada.
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