Sira Rego aprueba presupuesto federal para atención a menores en Ceuta

La Secretaría de Juventud e Infancia, encabezada por Sira Rego, anunció este sábado la aprobación de una partida presupuestaria de 25 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura y los servicios de atención para menores de edad en el estado de Ceuta. Esta medida busca mejorar las condiciones de estancia y los protocolos de integración de los menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo resguardo de las autoridades locales.

El anuncio ha generado una respuesta inmediata por parte del gobierno local, encabezado por el gobernador Juan Vivas, quien ha manifestado sus reservas respecto a la logística del plan. La controversia se centra principalmente en la propuesta de trasladar a 500 niñas hacia entidades de la península para descongestionar los centros de acogida locales, una acción que el gobierno estatal considera necesaria pero que la administración municipal cuestiona por la capacidad operativa de recepción en otros estados.

Desde la Secretaría de Juventud e Infancia se argumenta que el traslado es una medida de carácter humanitario diseñada para garantizar un entorno más adecuado para el desarrollo integral de las menores. Los representantes de la dependencia sostienen que la concentración actual en los centros de Ceuta supera la capacidad instalada, lo que dificulta el cumplimiento de los estándares básicos de atención y bienestar contemplados en la legislación vigente.

Por su parte, el equipo de trabajo del gobernador Vivas ha señalado la necesidad de mantener un diálogo más estrecho con las entidades receptoras antes de ejecutar cualquier movimiento de población. Fuentes cercanas a la administración estatal aseguran que, a pesar de las diferencias, se mantendrán las mesas de trabajo para alcanzar un acuerdo que priorice la seguridad de las menores y la estabilidad de las instituciones involucradas en el proceso.

La situación permanece en fase de planeación técnica, a la espera de que los equipos de la Secretaría y del gobierno estatal definan los protocolos de traslado y los plazos de ejecución. Mientras tanto, las organizaciones sociales han solicitado que cualquier decisión tomada por las autoridades sea transparente y asegure, por encima de los intereses políticos, la protección de los derechos humanos de todas las niñas involucradas en este operativo.