Sheinbaum niega existencia de listas negras contra críticos del gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes la existencia de una supuesta "lista negra" de periodistas o figuras críticas hacia su administración. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal sostuvo que no existe ninguna política oficial para perseguir o señalar a personas por sus opiniones, reafirmando su compromiso con el respeto a la libertad de expresión en el país.

La mandataria explicó que los documentos aludidos por algunos sectores no corresponden a una intención de censura, sino a un análisis técnico sobre el comportamiento de las redes sociales y el flujo de información en el ecosistema digital. Según lo expuesto por el equipo de comunicación de la Presidencia, estos informes se enmarcan dentro del ejercicio denominado "Derecho de Réplica", diseñado para aclarar informaciones que el gobierno considera imprecisas o carentes de sustento fáctico.

El análisis, presentado recientemente en el espacio informativo oficial, busca detectar tendencias y posibles campañas de desinformación que circulan en plataformas digitales. La Presidencia de la República subrayó que este tipo de diagnósticos son herramientas de trabajo interno para comprender el impacto de las políticas públicas y no representan un mecanismo de control político sobre comunicadores o ciudadanos.

Ante las preocupaciones expresadas por diversas organizaciones sociales sobre la libertad de prensa, el gobierno federal reiteró que el diálogo con los medios de comunicación se mantendrá abierto. La administración federal enfatizó que la crítica forma parte esencial de la vida democrática del país y que el ejercicio del análisis de datos públicos es una práctica habitual en la gestión moderna de la comunicación institucional.

Finalmente, la jefa del Estado Mexicano llamó a diferenciar entre el escrutinio del discurso público y cualquier acción que pudiera interpretarse como hostigamiento. El gobierno federal insistió en que su prioridad es la transparencia y el derecho de la ciudadanía a recibir información verificada, utilizando los canales oficiales para responder ante lo que consideran narrativas erróneas en el debate público nacional.