Sheinbaum mantiene aprobación del 72.1% y ciudadanos piden mayor vigilancia digital

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, alcanza este mes de agosto una aprobación ciudadana del 72.1%, consolidando su gestión frente al Poder Ejecutivo Federal. El respaldo popular se mantiene en un margen positivo, en un contexto donde la administración federal ha centrado su agenda en la consolidación de los programas de Bienestar y la estrategia de seguridad pública coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En paralelo a la medición de desempeño gubernamental, una reciente consulta ciudadana ha puesto el foco en la seguridad digital de la infancia. Los resultados indican que el 71.2% de los encuestados considera que la responsabilidad primaria de supervisar el uso de redes sociales en menores de edad recae sobre los padres y tutores, más allá de la regulación estatal o de las propias plataformas digitales.

Este hallazgo ocurre en un momento donde diversas dependencias federales, incluyendo la Secretaría de Educación Pública (SEP), han intensificado campañas informativas sobre el uso responsable de la tecnología. La postura reflejada en la opinión pública subraya la importancia de fortalecer los vínculos familiares y la educación digital en los hogares mexicanos como medida preventiva ante los riesgos que enfrentan los menores en el entorno virtual.

Si bien la responsabilidad familiar es señalada como el factor determinante por la mayoría, el gobierno federal ha manifestado su disposición para colaborar en la creación de entornos digitales más seguros a través de mesas de trabajo interinstitucionales. Se contempla que estas acciones incluyan la difusión de guías preventivas y la colaboración con organismos autónomos para sensibilizar sobre la privacidad y el acoso en la red.

La administración actual continúa evaluando sus políticas públicas con base en estos indicadores de percepción social. El objetivo gubernamental, según fuentes cercanas al equipo de presidencia, es alinear los programas sociales y de seguridad con las preocupaciones expresadas por la ciudadanía, priorizando siempre la protección del tejido social y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.