Reactivan investigaciones sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado formalmente las investigaciones en torno al homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en Sinaloa. Tras un prolongado periodo de escasa información oficial, las autoridades federales han retomado el caso con el objetivo de esclarecer los hechos que rodearon la muerte del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue blanco de un ataque directo que conmocionó a la entidad.

El despliegue de agentes de la Agencia de Investigación Criminal en diversas zonas de Culiacán marca un nuevo capítulo en este proceso judicial. Según fuentes cercanas a la fiscalía, el trabajo pericial se enfoca ahora en la reconstrucción detallada de las rutas y los tiempos del suceso, buscando integrar nuevos elementos probatorios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales detrás del atentado.

Durante años, el silencio institucional prevaleció sobre el avance de las carpetas de investigación, generando cuestionamientos por parte de familiares y colectivos ciudadanos. La reciente intervención de la FGR responde a la presión social por alcanzar justicia y a la necesidad de deslindar responsabilidades frente a las diversas líneas de investigación que han surgido en los últimos meses sobre el contexto político sinaloense.

Aunque la dependencia no ha detallado los nombres de posibles sospechosos, se ha informado que la colaboración con las autoridades estatales se encuentra en una fase de intercambio de información técnica. La estrategia de la fiscalía contempla la posible citación de diversos actores locales que tuvieron contacto con el político días antes de su fallecimiento, con el fin de robustecer el acervo probatorio ante los jueces federales.

Por su parte, la defensa jurídica de la familia ha señalado que espera que esta reactivación sea definitiva y libre de obstáculos políticos. El propósito de las autoridades es finalizar la etapa de integración de pruebas antes de concluir el presente año, buscando así evitar la impunidad en un caso que se convirtió en un símbolo de la violencia contra figuras públicas en el noroeste del país.