Investigan a policías municipales por presunta extorsión a docente en El Chañar

Un docente presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes tras ser víctima de una presunta extorsión por parte de elementos de la policía municipal en la localidad de El Chañar. Según el testimonio del afectado, los oficiales lo interceptaron durante un procedimiento de rutina y, bajo amenazas, lo acusaron de estar vinculado a una causa por posesión de sustancias ilícitas. Ante el temor de enfrentar un proceso judicial injusto, el profesor relató que los agentes le exigieron la entrega de 2.5 millones de pesos para evitar cualquier acción legal en su contra.

Tras darse a conocer el caso, la corporación de seguridad local inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de los oficiales señalados. Las autoridades municipales han confirmado que se colaborará plenamente con la Fiscalía estatal para esclarecer estos hechos, asegurando que no se tolerarán actos de corrupción o abuso de autoridad dentro de las filas policiales. El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes han solicitado una mayor supervisión en los operativos de vigilancia.

El docente, quien cuenta con el respaldo de su gremio, ha solicitado que se garantice su integridad física mientras avanzan las diligencias ministeriales. Por su parte, la oficina de Asuntos Internos ha procedido a separar temporalmente de sus funciones a los elementos involucrados mientras se desahogan las pruebas correspondientes. Este proceso busca esclarecer si existió una conducta delictiva o si se trató de un uso indebido de las facultades conferidas a los uniformados.

La administración municipal ha reiterado su compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier acto irregular ante las instancias correspondientes. Se espera que en los próximos días la Fiscalía presente avances sobre la investigación, la cual podría derivar en sanciones administrativas o procesos penales si se comprueba la culpabilidad de los oficiales. La comunidad educativa de la región se mantiene a la espera de una resolución transparente que devuelva la confianza en las instituciones de seguridad pública.