Gobierno mexicano aprueba anteproyecto para actualizar la Ley de Asilo vigente
El Poder Ejecutivo presentó el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, buscando homologar los protocolos nacionales con estándares internacionales y fortalecer la protección de los solicitantes.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, aprobó este miércoles 26 de agosto el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo. Esta iniciativa busca sustituir el marco jurídico establecido en la Ley 12/2009, con el objetivo de modernizar los procesos de recepción y garantizar el cumplimiento de la Directiva 2024/1346 en materia de protección internacional.
La propuesta legislativa será enviada próximamente al Congreso de la Unión para su discusión en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El documento contempla una reestructuración de los criterios para otorgar el estatus de refugiado, integrando mecanismos de evaluación más ágiles que permitan atender las demandas actuales de movilidad humana en el territorio nacional.
Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la vinculación del Poder Judicial, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación y aplicación de los lineamientos internacionales. Se busca que los tribunales federales cuenten con herramientas jurídicas claras para dirimir controversias sobre la estancia legal y el respeto a los derechos humanos de quienes buscan asilo en México.
Desde el Ejecutivo, se informó que la reforma es necesaria para armonizar la legislación interna con las exigencias del entorno global. La Secretaría de Relaciones Exteriores colaborará en el proceso para asegurar que los compromisos internacionales del país se reflejen en la nueva normativa, garantizando un trato digno a los solicitantes.
El anteproyecto también contempla una mayor coordinación con las autoridades locales y municipales para la gestión de albergues y servicios básicos. Se espera que este proceso de consulta y debate legislativo se lleve a cabo en los próximos meses, permitiendo la participación de diversos sectores de la sociedad civil y expertos en derecho migratorio.
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