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México

Gobierno destinará recursos recuperados de García Luna a escuelas en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que 5.8 millones de dólares recuperados serán invertidos en infraestructura educativa en Guerrero, mientras continúa la búsqueda de activos adicionales.

Redacción El Debate Abierto
Foto: sdpnoticias.com

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que el gobierno federal destinará un monto de 5.8 millones de dólares, recuperados a través de procesos judiciales relacionados con Genaro García Luna, al fortalecimiento de la infraestructura educativa en el estado de Guerrero. Estos recursos, provenientes de litigios internacionales, serán canalizados mediante la Secretaría de Educación Pública para atender las necesidades prioritarias de planteles escolares en zonas vulnerables de la entidad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que la recuperación de estos activos representa un avance en la estrategia de justicia patrimonial emprendida por la administración federal. La mandataria puntualizó que los fondos se utilizarán específicamente para mejorar las instalaciones físicas de las escuelas que presentan mayores rezagos, garantizando así mejores condiciones para el alumnado y el personal docente en las regiones más apartadas de Guerrero.

En cuanto al proceso legal, el equipo de comunicación de la Presidencia detalló que el gobierno de México mantiene una estrategia jurídica activa para identificar y recuperar más bienes vinculados a la red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública. Las autoridades se centran actualmente en localizar activos adicionales asociados al caso de la familia Weinberg, con el objetivo de reintegrar al erario público la mayor cantidad posible de recursos derivados de actos ilícitos en el pasado.

La administración federal reiteró su compromiso de mantener la transparencia en el uso de los fondos recuperados, asegurando que cada dólar se destine a proyectos con impacto social directo. Esta acción forma parte de una política integral que busca no solo sancionar a quienes incurrieron en irregularidades, sino también reparar el daño social mediante la inversión en servicios básicos y educación para las comunidades que históricamente han enfrentado mayor marginación.

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