Galicia intensifica la vigilancia en bajas laborales ante crisis de especialistas
El gobierno de Galicia refuerza las inspecciones de incapacidad temporal, mientras persisten los tiempos de espera prolongados para recibir atención médica especializada.

El gobierno de Galicia ha puesto en marcha un operativo de inspección más estricto sobre las bajas laborales, una medida respaldada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien sostiene que este modelo de gestión debería implementarse a nivel nacional. La administración autonómica, bajo la dirección del gobernador Alfonso Rueda, busca optimizar los recursos del sistema de salud estatal ante el incremento de las licencias médicas reportadas en los últimos meses.
Esta decisión ha generado diversas reacciones en el sector salud. Mientras las autoridades argumentan que el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar el uso inadecuado de las prestaciones, diversos médicos han expresado su preocupación. Según testimonios del gremio, el enfoque actual se centra en la fiscalización administrativa, dejando en un segundo plano la saturación de los servicios públicos, donde los ciudadanos enfrentan esperas que superan los ocho meses para una consulta con especialistas.
La controversia radica en el desequilibrio percibido entre el control administrativo y la capacidad asistencial. Los profesionales de la salud señalan que el tiempo invertido en la gestión de expedientes de incapacidad podría destinarse a reducir las listas de espera que afectan a miles de pacientes. Por su parte, la administración defiende que el control de las bajas es un componente esencial para asegurar que los recursos se destinen estrictamente a quienes presentan cuadros clínicos que impiden el desempeño de sus labores.
El debate se traslada ahora al ámbito político, donde se discute si este modelo de vigilancia estricta representa una solución efectiva o si simplemente desplaza la presión hacia otros niveles de atención. Mientras tanto, los pacientes continúan manifestando su malestar por la demora en la atención especializada, exigiendo que las políticas públicas prioricen el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos por encima de la supervisión de las ausencias laborales.
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