Empleados sindicalizados denuncian persecución legal tras protestas laborales en Nayarit

Trabajadores sindicalizados al servicio del estado de Nayarit han denunciado en las últimas semanas una estrategia de presión administrativa y legal tras realizar diversas jornadas de protesta para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales. Los afectados señalan que, tras manifestarse frente a dependencias gubernamentales, fueron notificados sobre procesos iniciados por la Fiscalía General del Estado bajo cargos como apología del delito, lo que ha derivado en la pérdida de sus empleos en distintas áreas de la administración que encabeza el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Representantes de los grupos sindicales han manifestado que estas acciones legales representan una forma de criminalización de la protesta social. Según los testimonios recabados por voceros de los trabajadores, la intervención de la fiscalía estatal ha generado un ambiente de incertidumbre laboral, donde las demandas por mejoras en las condiciones de trabajo y el pago puntual de beneficios han sido respondidas con citatorios y el cese de funciones de quienes encabezan los movimientos de inconformidad.

Por su parte, el gobierno del estado ha mantenido una postura institucional respecto a la administración de los recursos humanos y la legalidad interna. Aunque las autoridades estatales han señalado que buscan el orden administrativo en las dependencias, los trabajadores sostienen que las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía son utilizadas como herramienta de coacción para desarticular las movilizaciones gremiales y limitar el derecho a la libre asociación en la entidad.

La situación ha escalado al ámbito de la defensa jurídica, donde abogados de los trabajadores buscan demostrar que las acciones de protesta están protegidas por las leyes laborales vigentes en México. Los empleados afectados han hecho un llamado a las autoridades estatales para abrir mesas de diálogo que permitan resolver las diferencias contractuales sin recurrir a instancias penales, subrayando que la estabilidad laboral debe prevalecer por encima de las diferencias políticas o administrativas.

Hasta el momento, los procesos judiciales continúan su curso en los tribunales locales, mientras los sindicatos mantienen la expectativa de que los cargos por apología del delito sean retirados al carecer de sustento frente a los derechos de manifestación. La tensión en la administración pública de Nayarit persiste mientras se espera una resolución que defina el futuro laboral de los empleados involucrados en este conflicto gremial.