Comisión de Derechos Humanos de CDMX presenta su informe anual 2025

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó este martes su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2025. El documento detalla las labores realizadas por el organismo para salvaguardar las garantías individuales de los habitantes de la capital, destacando la ejecución de 53 mil servicios de acompañamiento, orientación, protección y defensa activa a lo largo del año.

Durante la presentación, el equipo de la Comisión enfatizó que estas acciones se centraron en fortalecer la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia. El reporte subraya que el grueso de la atención se enfocó en brindar asesoría directa a personas en situaciones de vulnerabilidad, así como en facilitar mecanismos de mediación para resolver conflictos que involucraban posibles violaciones a derechos fundamentales en diversas alcaldías.

Además de las cifras de atención directa, el informe señala la importancia de las tareas de capacitación impartidas a servidores públicos y elementos de seguridad. El organismo subrayó que el trabajo de defensa activa ha permitido fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones de gobierno, buscando reducir los tiempos de respuesta ante quejas presentadas por los capitalinos.

De cara al próximo periodo, el equipo de la Comisión planteó propuestas para ampliar el alcance de sus brigadas de vigilancia en zonas con alta incidencia de denuncias sociales. Asimismo, se destacó la necesidad de continuar con la modernización de los sistemas de atención ciudadana para agilizar los procesos de protección, manteniendo siempre un enfoque de respeto absoluto a los marcos constitucionales y legales vigentes.

Finalmente, el documento institucional hace un llamado a las autoridades locales para redoblar esfuerzos en la coordinación interinstitucional. El objetivo, según se planteó, es garantizar que las políticas públicas de la capital mantengan un enfoque transversal de derechos humanos, asegurando que las garantías de los grupos prioritarios sean el eje rector de la administración pública en la Ciudad de México.