Cipog-EZ denuncia criminalización de la lucha social tras arresto de Plácido Galindo

Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunciaron este lunes la detención de su líder comunitario, Plácido Galindo, señalando que el acto constituye un intento de criminalizar la defensa de los derechos territoriales y la autonomía en la Montaña baja de Guerrero. La organización sostiene que la aprehensión, ejecutada en días recientes, es una medida de presión contra los pueblos que han buscado construir esquemas de democracia participativa desde sus comunidades, lejos de las estructuras políticas tradicionales.

Representantes del colectivo manifestaron que el proceso judicial contra Galindo carece de fundamentos sólidos y responde a una estrategia de desgaste contra los movimientos sociales que exigen seguridad y justicia en una zona históricamente marcada por la presencia de grupos delictivos. Según el Cipog-EZ, la labor del dirigente se ha centrado exclusivamente en la organización pacífica y la defensa de la integridad de los habitantes de diversas localidades que han sufrido desplazamientos forzados y violencia en los últimos meses.

El equipo de voceros del consejo enfatizó que la voz de Galindo representa el sentir de las comunidades que buscan alternativas de autogestión y gobernanza local. De acuerdo con lo difundido por la organización, la detención no detendrá las exigencias sociales, reiterando que la lucha por el respeto a sus formas de organización seguirá siendo el eje central de sus demandas ante las autoridades estatales y federales correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles específicos de los cargos que pesan sobre el dirigente, por lo que el equipo legal del Cipog-EZ se encuentra revisando el expediente para determinar las acciones jurídicas a seguir. La organización solicitó que se garantice el debido proceso y se respete la integridad física de Galindo durante su estancia en custodia, mientras mantienen una postura de vigilancia sobre el desarrollo de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía local.

Finalmente, el consejo hizo un llamado a las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos para mantener la atención sobre el caso, advirtiendo que la criminalización de la protesta social sienta un precedente preocupante para la región. Los integrantes del movimiento aseguraron que continuarán con sus actividades de movilización pacífica hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y la liberación de su representante, insistiendo en que el diálogo es la vía para resolver los conflictos territoriales.