Argüeso impugna resolución judicial y señala responsabilidad de exfuncionaria por inundaciones

El proceso judicial derivado de la tragedia ocurrida el pasado 29 de octubre, que dejó un saldo de 233 fallecidos, ha dado un giro significativo tras la reciente actuación de Argüeso. El implicado presentó un recurso formal ante la jueza encargada del caso, mediante el cual sostiene que la emisión de las alertas de emergencia no formaba parte de sus atribuciones legales ni de su competencia administrativa durante el evento catastrófico.

En su argumentación, la defensa de Argüeso ha señalado directamente a la exsecretaria Pradas, deslizando que la responsabilidad sobre los protocolos de aviso a la población recaía en su gestión. Este movimiento jurídico marca la primera vez que un imputado en el caso dirige una acusación explícita hacia la exfuncionaria, complicando el panorama legal para los involucrados en la toma de decisiones durante la emergencia.

El expediente, que ya cuenta con dos personas imputadas formalmente, busca esclarecer las omisiones que pudieron derivar en la alta cifra de víctimas mortales. La autoridad judicial deberá ahora analizar los argumentos presentados por la defensa para determinar si las responsabilidades administrativas fueron efectivamente omitidas o si los protocolos fueron rebasados por la magnitud del fenómeno natural registrado en la entidad.

Este recurso abre una nueva etapa en las indagatorias, donde las dependencias involucradas en la gestión de riesgos enfrentan un escrutinio mayor sobre sus facultades legales. Mientras la investigación avanza, los familiares de las víctimas exigen que se deslinden responsabilidades con transparencia, esperando que la intervención de la Fiscalía y el Poder Judicial aporte claridad sobre quiénes debieron activar las alertas a tiempo.

La controversia sobre la competencia de las autoridades pone en evidencia las posibles deficiencias en los protocolos de protección civil. Se espera que en las próximas semanas la jueza cite a declarar a otros actores clave para contrastar las versiones sobre la cadena de mando y la comunicación de riesgos durante la jornada del 29 de octubre.